LEY DE PROTECCIÓN INFANTIL Y ADOLESCENCIA

El Día 28 de Julio, se aprueba la modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, entrando en vigor en Agosto de este mismo año.

Exigencia de certificación negativa de antecedentes penales, para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.

De acuerdo con el nuevo apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LO 1/1996), introducido por la reciente Ley 26/2015, de 28 de julio ,de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, publicada en el BOE nº 180, de 29 de julio de 2015, en vigor desde el pasado mes de agosto (de acuerdo con su disposición final vigésimo primera):

«5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»

Esto afecta sin duda alguna a los profesionales del deporte (monitores, técnicos deportivos…) que trabajan con niños, a los que para su contratación y empleo y de acuerdo con la nueva redacción dada al precepto indicado, ha de exigirse el citado certificado de no haber cometido delitos sexuales.

Del mismo modo se reseña que de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la referida Ley 26/2015, de 28 de julio “Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales”

Conviene igualmente destacar que de acuerdo con la nueva redacción dada al apartado 1 y el nuevo apartado 4 del artículo 13 de la LO 1/1996, modificado por la citada Ley 26/2015, 28 de julio:

«1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»

«4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.»

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